Elusión, evasión de impuestos y gasto público
La principal fuente de financiamiento que dispone el Estado chileno proviene de la recaudación tributaria, la cifra aproximada de aporte es alrededor de un 75% de los montos utilizados
La estructura tributaria en Chile está compuesta principalmente por la contribución de impuestos a la renta de personas y empresas, cotizaciones de seguridad social, impuesto al valor agregado, sobre la propiedad, sobre bienes y servicios.
Es destacable que el mayor aporte de impuestos al erario fiscal proviene del impuesto al valor agregado, lo que hace que nuestra lógica de recaudación ya presente un problema en su concepción básica, sea absolutamente regresiva, toda vez que, dicho impuesto es pagado por toda la población independiente de sus niveles de ingreso, lo que a todas luces es injusto.
El gasto público entre otras cosas se usa para desarrollar obras públicas, mantener el sistema de salud pública, educación, vivienda, movilidad, seguridad, bonos y subsidios al trabajo y la jubilación, es decir, apunta a satisfacer condiciones mínimas de dignidad de la vida de nuestro pueblo.
Se entiende por elusión el acto de “uso de prácticas dirigidas a evitar el pago de impuestos de forma ilícita, por medio de vicios normativos o de interpretaciones alejadas del propósito de la ley”. Mientras que por evasión de impuestos se entiende “no pago de impuestos generados a la empresa por medio del ocultamiento de información o ingresos”.
De acuerdo a un informe generado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en el período 2018 -2020 la elusión y evasión del IVA se situó entorno del 18,4% de lo potencialmente recaudable, mientras que, la elusión y evasión del impuesto de primera categoría (empresas) lo hizo en un 51,4%. De este modo el total de la elusión y evasión de impuestos antes mencionados corresponde alrededor del 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Es posible mencionar que la reforma tributaria impulsada por el actual gobierno que incluye baja de impuesto corporativo a 23%, reintegración tributaria, eliminación del impuesto territorial a primera vivienda e incentivo al empleo, implica un costo fiscal neto de un 1.2% del PIB, por contra parte el crecimiento estimado a largo plazo lo proyecta en 4% del PIB.
Esto implica que, más que buscar acomodar las condiciones tributarias y de subsidio al empleo a los requerimientos del capital y apostar a un incierto crecimiento país futuro que chorree recursos al pueblo chileno y que hipoteque a generaciones, deberíamos focalizar nuestros esfuerzos en disminuir la elusión y evasión tributaria.
Como dato para tener en cuenta, ese espejo que siempre mira la clase política chilena la OCDE, presenta niveles promedio de elusión y evasión de impuestos cercanas a la mitad de la realidad chilena.
Solo queda preguntarse:
¿Cómo se pretende aumentar la fiscalización para evitar este tipo de actos con una estructura del Estado mínima, desfinanciada?
¿Es real aquello pregonado por la derecha política de que la recaudación tributaria actual es suficiente y que es el Estado el que no es capaz de hacer un buen manejo de los recursos?
¿Las leyes que penan este tipo de actos son lo suficientemente duras como para que por su sola potestad hagan pensar más de una vez a aquellos que pretenden realizarlos que se exponen a sanciones fuertes y los haga desistir de sus acciones?
