Determinantes sociales de la salud y envejecimiento en Chile: de los límites del GES a una propuesta de modelo de salud integral para las personas mayores
Esta investigación analiza el impacto de los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) en la población mayor de 60 años en Chile, evaluando las limitaciones del sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES) frente al acelerado envejecimiento demográfico. Mediante una revisión narrativa crítica y un enfoque multidisciplinario, el estudio examina cómo las brechas socioeconómicas, la fragmentación del sistema sanitario y la inacción estatal en factores estructurales perpetúan las desigualdades en salud.
Los resultados indican que, aunque el GES garantiza el acceso a patologías específicas, su alcance es limitado en las capas más profundas de los DSS, como la vulnerabilidad económica, el aislamiento social y la brecha digital. Se evidencia que el 87% de las personas mayores dependen del sistema público (Fonasa), enfrentando listas de espera crecientes y una oferta de servicios insuficiente en zonas rurales. Además, el modelo de desarrollo subsidiario y un sistema de pensiones precario configuran una doble vulnerabilidad que incrementa la morbilidad por enfermedades no transmisibles y la mortalidad evitable.
Como conclusión, se propone un modelo integrado de intervención articulado en tres ejes: clínico-social (unidades geriátricas interdisciplinarias), comunitario (programas de prescripción social) y de políticas públicas (fondos compensatorios territoriales y métricas de equidad). Este enfoque busca transformar el envejecimiento en una oportunidad de cohesión social, garantizando un cuidado digno, equitativo y adaptado a la trayectoria vital de las personas mayores en Chile.
Introducción
La relación entre el acceso y la calidad de las prestaciones de salud y las desigualdades en los resultados sanitarios puede entenderse como un proceso dinámico, donde las relaciones entre las condiciones socioeconómicas, ambientales y estructurales regulan tanto el acceso como los resultados clínicos de la población mayor de 60 años a través de distintos tipos y niveles de interacción entre los determinantes sociales de la salud (DSS) y los sistemas sanitarios (1).
En Chile, de acuerdo al Censo 2024, la población mayor de 60 años alcanza el 19,9% del total de la población, lo que representa un aumento sostenido de este grupo respecto de la medición del Censo 1992 (6,6%) y un aumento del 57% en relación con el mismo estudio del 2017. A su vez, el mismo estudio evidencia que este aumento de la población mayor va acompañado de una disminución relativa de la población menor de 14 años, desde 29,4% en 1992 a 17,7% en 2024 (2).
Esta transformación demográfica configura un escenario donde el envejecimiento acelerado, el aumento de las brechas socioeconómicas y las restricciones estructurales del sistema de salud convergen y producen desigualdades multifactoriales que afectan directamente en la población de adultos mayores. La prevalencia de enfermedades crónicas, la dependencia del sistema público, las diferencias territoriales y la vulnerabilidad económica hacen que los problemas de salud tengan un impacto mayor en la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad en este grupo. En este contexto, Chile ha desarrollado políticas públicas orientadas a mejorar el acceso, la oportunidad y la calidad de las prestaciones en salud, como el Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES) y el Plan Nacional de Salud Integral para Personas Mayores 2020‑2030, aunque sin lograr intervenir de manera suficiente en los determinantes estructurales que generan las inequidades (3) (4).
Marcos teóricos como los modelos desarrollados por Dahlgren y Whitehead, Diderichsen y Hallqvist, y el desarrollado por la Comisión de Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), proporcionan herramientas de análisis que permiten comprender la forma en la que las intervenciones de políticas públicas pueden mitigar o profundizar dichas desigualdades.
El objetivo de este estudio es analizar cómo la inercia en el desarrollo de intervenciones de políticas públicas para la mejora de los DSS afecta los niveles de salud de los adultos mayores en Chile, tanto en el acceso como en la calidad de las prestaciones, a través del procesamiento e integración de los modelos teóricos, la evidencia empírica nacional y desde una perspectiva multidisciplinaria, con especial énfasis en el acceso y la calidad asistencial, para proponer un modelo integrado de intervención sobre los DSS que articule, eficaz y eficientemente, las dimensiones clínico‑social, comunitaria y de política pública.
Método
Diseño del estudio
Estructurado a partir de una revisión narrativa crítica y desde un enfoque multidisciplinario, este estudio integra el marco conceptual de los DSS con la evidencia empírica existente y el contexto constitucional y legal que regulan la situación de los adultos mayores en Chile, para hacer una exploración contextual e interpretativa de fenómenos complejos y multidimensionales como son el envejecimiento poblacional y las desigualdades en salud.
Fuentes de información y criterios de selección
Las fuentes bibliográficas utilizadas en este estudio incluyó la revisión de políticas públicas en salud, planes y programas nacionales, como el GES y el Plan Nacional de Salud Integral para Personas Mayores 2020‑2030, la legislación relevante para la investigación, informes gubernamentales en la materia, documentos técnicos de organismos internacionales, literatura científica indexada e informes de distintos centros de investigación. Se priorizó el análisis de documentos publicados entre 2014 y 2025 sobre las brechas en la salud para las personas mayores en Chile, el envejecimiento, la accesibilidad y la calidad de la atención médica, y se revisaron diversos estudios que aplicaron o analizaron modelos de DSS. De esta manera, los criterios para seleccionar las fuentes utilizadas en el análisis, fueron:
- Que hicieran un abordaje explícito de las determinantes estructurales, intermedios o proximales en relación con adultos mayores;
- Que entregaran datos cuantitativos o cualitativos acerca del acceso, uso y resultados en salud; y
- Que propusieran marcos teóricos de utilidad en la interpretación de las inequidades en los mayores de 60 años.
Se excluyeron del análisis los documentos que no abordaran explícitamente las necesidades de los adultos mayores o que no brindaran información relacionada con el distanciamiento social y las políticas de salud.
Estrategia de análisis
El análisis de la información se hizo desde un enfoque temático‑interpretativo, consistente en la identificación de categorías analíticas desarrolladas a partir del marco teórico de los DSS y de los hallazgos empíricos, organizándolos según el grado en que afecten las condiciones de acceso y calidad asistencial de la población mayor a los 60 años. Los documentos fueron estudiados iterativamente, seleccionando, primero, la información relevante y repitiendo la misma secuencia de análisis de la información, contrastando los distintos hallazgos entre las fuentes consultadas y los modelos teóricos seleccionados, para construir una síntesis narrativa crítica y producir una propuesta de modelo integral de política pública para la intervención efectiva en el mejoramiento de las condiciones que regulan las relaciones entre las DSS y el acceso oportuno y prestaciones de salud de calidad para los adultos mayores chilenos.
Las categorías identificadas fueron: modelos de DSS y su aplicación al contexto chileno; determinantes estructurales y envejecimiento poblacional; barreras de acceso y calidad asistencial; aislamiento social y brecha digital; costos de la inacción estatal; y capacidades del sistema sanitario y de la gobernanza multinivel para modular los DSS.
Resultados
El sistema de Garantías Explicitas en Salud (GES) chileno y los modelos explicativos de los determinantes sociales de la salud
El Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES) puede ser descrito como un sistema de derecho público concebido para garantizar el derecho de las personas a la protección de la salud, considerada como un bien público de rango constitucional (5), a través de la cobertura garantizada a un conjunto de patologías y problemas de salud en las etapas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad y que se actualizan periódicamente (6). El sistema le asigna al Estado el rol de conservar y restablecer la salud de los habitantes de su territorio a través de la generación de condiciones de equidad para que la población más vulnerable, donde están los mayores de 60 años, pueda enfrentar los problemas de salud que les afectan, tanto en el acceso oportuno a prestaciones de salud seguras y de calidad como en la protección financiera.
El análisis del modelo de Dahlgren y Whitehead caracterizado por organizar los DSS en capas, desde los factores individuales hasta las políticas macroeconómicas (7) en relación con la aplicación del GES se evidencia que respecto de los factores estructurales que afectan las condiciones de vida de los adultos mayores el plan actúa sobre las capas externas del modelo, vinculadas con los servicios y prestaciones de salud, con un alcance limitado sobre las determinantes proximales, como el aislamiento social o la alfabetización funcional en adultos mayores. Las estadísticas del GES muestran diferencias en acceso y uso de prestaciones entre beneficiarios de Fonasa e Isapre, así como persistencia de listas de espera y retrasos significativos en patologías crónicas de alta prevalencia geriátrica (8). Al término del primer trimestre de 2025, por ejemplo; se registraron 79.846 personas con garantías GES retrasadas, de las cuales cerca del 48% correspondía a mayores de 60 años, con una mediana de espera de 77 días (9). Además, alrededor de 68% de las hospitalizaciones evitables en adultos mayores se vinculan a DSS no cubiertos por el plan, como vivienda, ingresos o educación (10), poniendo en relevancia la incapacidad del plan para intervenir sobre los estratos más profundos descritos por Dahlgren y Whitehead.
Por otro lado, al relacionar el GES con el modelo de Diderichsen y Hallqvist, que se centra en identificar los mecanismos de estratificación social, exposición diferencial y consecuencias diferenciales que afectan las condiciones de vida de las personas (11), se evidencia que los instrumentos de protección financiera y las garantías de oportunidad dependen de una estructura social que distribuye de forma desigual riesgos y recursos. En este sentido, el plan limita el copago del 0% del costo de las etapas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad solo a los afiliados a Fonasa mientras que establece un sistema de copago del 20% para los afiliados a Isapre y prioriza patologías con alta carga epidemiológica en desmedro de enfermedades raras de alto costo pero con poca carga, como el hipotiroidismo congénito, por ejemplo. Por otro lado, los datos muestran demoras significativas en el diagnóstico y tratamiento para enfermedades que están cubiertas por el plan como diabetes mellitus tipo 2, cáncer o cataratas. En este contexto, se identifica la existencia de jerarquías clínicas en los plazos de cumplimiento de las patologías priorizadas por el plan. Así, afecciones como el infarto agudo al miocardio son tratadas dentro de las 48 horas, mientras que las garantías de salud mental presentan demoras cercanas a los 90 días en su tratamiento, impactando negativamente a la equidad que busca el sistema (12).
Determinantes estructurales y envejecimiento poblacional
El modelo de desarrollo socioeconómico del país, de orientación neoliberal y basado en principios de libre mercado, la apertura comercial y el rol subsidiario del Estado, ha profundizado las desigualdades sociales al restringir el rol de éste en la provisión de bienes y servicios sociales, fortaleciendo una estructura donde la capacidad de pago y la posición social condicionan el acceso a la salud (13) (14) (15). En este sentido, la transición demográfica chilena, caracterizada por un aumento sostenido de la población mayor de 60 años, desde aproximadamente 2,85 millones en 2017 a 3,65 millones en 2024 (16), se ha traducido en un aumento de personas de este grupo que se han pasado de Isapre a Fonasa, tensionando la capacidad del modelo sanitario ante al aumento de la población que depende del sistema público de salud y la escases de recursos para atender esta demanda (17). A su vez, el sistema de pensiones, de capitalización individual con componentes solidarios, no asegura ingresos suficientes en la vejez, los datos oficiales muestran que alrededor del 80% de los pensionados reciben montos inferiores al salario mínimo y más de 2,9 de los 3,6 millones de jubilados dependen de la Pensión Garantizada Universal para complementar sus ingresos, evidenciando una relación directa entre el envejecimiento y el aumento de las condiciones de vulnerabilidad económica y social que limitan la capacidad de los adultos mayores para financiar medicamentos, tratamientos complementarios y cuidados de largo plazo (18) (19) (20).
El análisis de la información acerca de la cobertura sanitaria en relación con la edad de los que demandan prestaciones de salud, muestra que el 87% de las personas mayores se atiende en el sistema público (Fonasa) frente al 13% que paga por prestaciones de salud en Isapre, reforzando la percepción de dependencia de este grupo de la población respecto del sector público y explica la saturación del sistema (20) (21) (22). Además, la revisión bibliográfica arrojó que el 14% de la población mayor de 60 años reside en zonas rurales con una alta dispersión demográfica, baja oferta de prestadores de servicios de salud primaria y lejanos a farmacias y centros especializados, afectan el acceso oportuno y en igualdad de condiciones a la atención, medicamentos y servicios comunitarios (23) (24). Destaca la situación de regiones como Ñuble, Valparaíso y Los Ríos, que presentan una alta concentración de adultos mayores y que enfrentan dificultades para adecuar su oferta de servicios a la demanda creciente y a las especificidades de este grupo (25) (26).
Desde la institucionalidad estatal se han hecho esfuerzos en esta materia El Plan Nacional de Salud Integral para Personas Mayores 2020‑2030 (27), en línea con la Política de Envejecimiento Positivo y la Década del Envejecimiento Saludable de la OMS, plantea un abordaje integral de salud y funcionalidad (28) (29) (30). Sin embargo, su implementación es difícil y, por lo mismo, su efectividad es limitada, producto del escaso apoyo del Estado en el desarrollo y fortalecimiento de redes socio sanitarias integradas y la existencia de sistemas de información fragmentados, la escasa regulación y baja inversión en recursos materiales y humanos para el aumento de la cobertura de cuidados de largo plazo, además de los bajos niveles de formación de personal clínico asistencial especializado en geriatría y gerontología (31) (32).
Barreras de acceso y calidad asistencial
Desde una perspectiva multidisciplinaria, el análisis muestra la permanencia de barreras estructurales, institucionales, sociales y económicas, que afectan, en diferentes grados y formas, el acceso a la salud y la calidad y seguridad de las prestaciones que reciben los adultos mayores en Chile. Entre 2019 y 2022, la lista de espera, en este segmento de la población, aumentó en más de 46.000 casos para patologías GES y la de patologías no GES creció en más de 75.000, con incrementos en la demanda de intervenciones quirúrgicas y demoras en consultas médicas, exámenes y cirugías que aún no retornan a niveles pre pandemia (33) (34) (35). En este sentido, la revisión de los resultados de la encuesta CASEN 2022 confirman esta tendencia, los datos de ese año muestran que del 78,9% de los afiliados a Fonasa concentran la demanda en atención primaria, acentuándose en los sectores con mayor vulnerabilidad, mientras que se mantienen las barreras burocráticas de acceso, expresadas en horarios limitados y la falta de personal en los centros (36) (37).
A su vez, el aumento explosivo de la deuda hospitalaria acumulada y la reducción presupuestaria de más de 15 mil millones de pesos para el sistema de salud pública en la ley de presupuesto 2025 se tradujo en la profundización de la brecha en la oferta de camas, unidades críticas y ambulancias, configurando un escenario donde las barreras institucionales, sociales y económicas a la atención primaria de salud contribuyen a la saturación de los servicios de urgencia y de hospitalización (38) (39).
Enfermedades no transmisibles y mortalidad
Las enfermedades no transmisibles (ENT) constituyen la principal causa de muerte y discapacidad en Chile, afectando especialmente a mayores de 60 años; se estima que alrededor de 11 millones de personas viven con enfermedades crónicas, con cerca de 4 millones en tratamiento, superando la capacidad instalada del sistema (40). El análisis del reporte del observatorio en envejecimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile acerca de las enfermedades crónicas en adultos mayores, identifica a la hipertensión arterial (HA) y la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) como las patologías con el mayor nivel de prevalencias reportadas en el sistema, con el 52,4% y el 27% respectivamente, con una plurimorbilidad cercana a 17,3% para la combinación de ambas patologías y donde la DM2 concentra alrededor de 20% de los retrasos en la atención GES con un aumento del tiempo promedio de espera de 66,8 a 138 días mientras las cataratas presentan demoras de espera quirúrgica de hasta entre 90 ‑ 180 días según el grado de deterioro de la agudeza visual. Paralelamente, los tiempos de atención garantizados para infarto agudo al miocardio contrastan con las largas esperas para trastornos mentales, como la depresión, que alcanzan en promedio 90 días en adultos mayores (41) (42). El informe “Las ENT de un Vistazo 2025”, publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) revela que entre 2010 y 2020 se registró, en la región de Latinoamérica y el Caribe, un aumento sostenido de la mortalidad de la población por diabetes mellitus tipo 2 (41,5%) y enfermedad de Alzheimer (22,8%), mientras que para 2024 se observó un incremento de 7,5% en muertes por enfermedades cardiovasculares y 6,1% por cáncer respecto de 2023, lo que revierte tendencias previas de estabilización o descenso (43).
El COVID‑19 agravó el escenario, el análisis documental muestra una caída del 38% en consultas por patologías no COVID en los primeros meses de 2020 y un aumento del 29% en tiempos de espera para consultas de especialidad y cirugías electivas que produjeron un impacto sustantivo en el seguimiento y control de los pacientes crónicos y la mortalidad asociada (44) (45).
Aislamiento social, brecha digital y redes de apoyo
La soledad y el aislamiento social crónico en la vejez se asocian a un mayor riesgo de deterioro cognitivo, reducción del volumen hipocampal e híper activación del eje hipotálamo‑hipófisis‑adrenal, aumentando la probabilidad de síndromes metabólicos (46) (47). En Chile, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez 2022 muestra que 34% de los adultos mayores reporta soledad no deseada y que 61% de ellos es analfabeto digital, lo que refuerza su aislamiento y dificulta el uso de tecnologías para apoyar adherencia a tratamientos y acceso a servicios y, si bien, el 88% de los mayores de 60 años encuestados declara contar con internet en el hogar, solo el 42% lo utiliza de manera regular, en un contexto donde factores socioeconómicos, educativos y geográficos limitan el acceso efectivo a dispositivos inteligentes y plataformas digitales (48). En este contexto, las medidas de distanciamiento social durante la pandemia, en especial las cuarentenas obligatorias para personas mayores de 75 años, intensificaron la percepción de exclusión y pérdida de autonomía (49).
Costos de la inacción estatal en determinantes sociales
A partir de su jubilación, los adultos mayores chilenos enfrentan un proceso de empobrecimiento sostenido debido a la disminución progresiva de sus ingresos y al incremento de los costos en salud, cuestión que restringe su capacidad para ejercer sus derechos en salud en igualdad de condiciones y condiciona su acceso oportuno a la hospitalización y la continuidad de los cuidados para enfermedades crónicas (50).
Los datos muestran que, en comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los hogares chilenos más pobres destinan la mayor parte del presupuesto familiar a la salud, el 40% de sus ingresos en salud, el doble del promedio de la OCDE. Además, no hay un fondo solidario universal que ayude a amortiguar el gasto privado en salud, el 20% de los costos totales de atención médica y el 15% de los beneficios de seguridad social se orientan a dar alivio económico a las familias vulnerables. Este contexto, ha favorecido la concepción de la salud como bien de consumo, donde el acceso oportuno y la calidad de las prestaciones queda reservado a quienes disponen de mayores recursos, profundizando la percepción de desventaja y marginación de los adultos mayores, sobre todo en aquellos con patologías crónicas y necesidades complejas (51) (52).
Capacidades del sistema GES y gobernanza multinivel
Desde la perspectiva de la teoría de sistemas adaptativos complejos, en el GES convergen diversos actores interdependientes —usuarios, prestadores, aseguradoras y reguladores— que interactúan de manera dinámica, actualizando protocolos e integrando nuevas patologías en respuesta a transformaciones epidemiológicas y demográficas, tales como el incremento de las demencias (53) (54). Sin embargo, el análisis de las patologías priorizadas revela que el plan produce inequidades no intencionadas, por ejemplo, con coberturas cercanas a 92% en cáncer de mama versus 67% en cataratas, perpetuando las discapacidades evitables en adultos mayores (55). La evidencia indica, además, que los adultos mayores rurales, en promedio hacen 2,3 veces más desplazamientos que los adultos mayores urbanos para realizarse controles crónicos. Esta situación genera espacios de abandono terapéutico y, dado que la organización de la red de salud se estructura en torno a enfermedades individuales, se limita la capacidad de respuesta frente a comorbilidades múltiples presentes en cerca de 58% de los mayores de 75 años (56).
Desde las ciencias políticas, la aplicación del marco de la Comisión de DSS de la OMS en un contexto de descentralización resalta los desafíos para lograr una gobernanza multinivel que reduzca desigualdades: la implementación heterogénea de estrategias como la Valoración Geriátrica Integral produce coberturas muy dispares en programas de prevención de caídas (41% a 78% según región) y baja disponibilidad de rehabilitación cognitiva (alrededor de 34% de los centros urbanos) (57) (58) (59).
Discusión
Se encontró pertinencia entre la literatura estudiada con el tema en estudio, lo que facilitó alinear la investigación con la metodología propuesta, en particular respecto del acercamiento iterativo generó el proceso de levantamiento de la información relevante para el estudio. Además, se logró seguir un enfoque epistémico, basado en la teoría constructivista, destacando que, por tratarse de un análisis crítico de las intervenciones de políticas públicas en los determinantes sociales que afectan a los adultos mayores en el acceso a la salud y la adherencia terapéutica y cuyo mejoramiento puede fomentar la construcción activa de hábitos saludables, conocimientos de bienestar y salud a través de la experiencia y la interacción social.
Los resultados muestran que, aunque el GES y otras políticas han mejorado parcialmente el acceso a prestaciones específicas, su diseño y alcance se concentran en capas proximales del modelo de Dahlgren y Whitehead y no logran intervenir de manera suficiente en los determinantes estructurales que explican gran parte de la variabilidad en salud (60) (61). La combinación de un sistema de pensiones insuficiente, la concentración de adultos mayores en el sistema público, las brechas territoriales y la multimorbilidad genera una situación de doble vulnerabilidad para este grupo, al converger las desventajas acumuladas a lo largo del ciclo vital con un sistema sanitario fragmentado y tensionado (62).
Al aplicar el modelo de Diderichsen y Hallqvist, se observa que el GES opera sobre consecuencias y exposición diferencial a enfermedades específicas, pero en un contexto donde la estratificación social se mantiene prácticamente intacta, limitando su capacidad para reducir desigualdades (63). De hecho, la priorización de ciertas patologías, las diferencias en tiempos de espera entre enfermedades agudas y crónicas, y la alta proporción de hospitalizaciones evitables asociadas a DSS sugieren que la lógica de garantías explícitas ha sido más eficaz en reducir barreras inmediatas que en transformar los mecanismos estructurales generadores de inequidad (64).
El envejecimiento acelerado en un modelo de desarrollo subsidiario y fuertemente segmentado, con alta dependencia del sistema público y una importante población mayor en zonas rurales, tensiona aún más la capacidad del sistema para ofrecer respuestas integrales y equitativas (65) (66). La evidencia sobre aislamiento social, brecha digital y el impacto de la pandemia indica que las soluciones tecnológicas pueden mejorar continuidad de cuidados solo si se diseñan considerando limitaciones cognitivas, sensoriales, económicas y territoriales, y si se articulan con redes comunitarias y dispositivos presenciales (67)
La proyección de costos futuros por pobreza energética y cuidados informales sugiere que la inacción en DSS no solo tiene consecuencias éticas y en derechos humanos, sino también fiscales y de sostenibilidad del sistema de salud (68). Desde la perspectiva de sistemas adaptativos complejos y la gobernanza multinivel, fortalecer la capacidad del GES y de la red sanitaria para aprender, coordinarse y adaptarse requiere incorporar indicadores de equidad en DSS en la planificación y evaluación, así como mecanismos de financiamiento que corrijan desigualdades territoriales (69) (70).
Este estudio se ve limitado por su naturaleza de revisión narrativa, la dependencia de fuentes secundarias y la posible selección no exhaustiva de documentos, lo que exige cautela en la generalización de sus conclusiones. Sin embargo, la convergencia de evidencias provenientes de fuentes oficiales, literatura científica y reportes de observatorios y organismos internacionales respalda la coherencia de los patrones identificados.
Conclusiones
La evidencia revisada indica que la inercia en la mejora de los determinantes sociales de la salud genera costos humanos y económicos crecientes en el sistema chileno, con adultos mayores que enfrentan simultáneamente un entorno social estratificado y un sistema sanitario fragmentado. Esta doble vulnerabilidad se expresa en pensiones insuficientes, barreras geográficas, multimorbilidad mal abordada, listas de espera prolongadas, aislamiento social y brecha digital, con impactos directos en la carga de enfermedad y la mortalidad.
Frente a este escenario, se propone avanzar hacia un modelo integrado de intervención en DSS para adultos mayores, articulado en tres ejes: clínico‑social, comunitario y de políticas públicas. En el eje clínico‑social, se sugiere desarrollar unidades geriátricas interdisciplinarias en atención primaria, incorporar indicadores de calidad sensibles a DSS y reorganizar la red en torno a trayectorias de cuidado para personas con multimorbilidad. En el eje comunitario, se recomiendan programas de “prescripción social” que vinculen a los mayores con recursos comunitarios, certificación de municipios amigables con el envejecimiento y fortalecimiento de redes de apoyo territorialmente contextualizadas. En el eje de políticas públicas, se plantea reformar los sistemas de acreditación incorporando métricas de equidad en DSS y crear fondos compensatorios interregionales para reducir brechas de infraestructura y servicios geriátricos.
Las innovaciones tecnológicas, como la telemedicina geriátrica, pueden convertirse en facilitadores de equidad si se desarrollan interfaces adaptadas a baja alfabetización digital, se articulan con transporte sanitario y se apoyan en protocolos de triaje virtual que integren variables sociales como aislamiento o inseguridad alimentaria. La experiencia chilena sugiere que solo un enfoque intersectorial, basado en derechos y orientado por modelos de DSS, permitirá transformar el envejecimiento poblacional en una oportunidad para la cohesión social y no en un factor de profundización de la desigualdad.
Finalmente, se requiere reforzar la producción de evidencia empírica específica sobre adultos mayores, evaluar de forma sistemática el impacto de las intervenciones en DSS y consolidar mecanismos de participación de las propias personas mayores en el diseño de políticas y servicios, como condición para un envejecimiento digno y saludable en Chile.
