Cuando el Estado desinforma, la salud pública paga el costo
Durante los últimos días hemos sido testigos de una preocupante seguidilla de declaraciones y decisiones del Gobierno que, más que entregar certezas, han instalado dudas, contradicciones e inseguridad en áreas especialmente sensibles para la ciudadanía. La seguridad pública, la migración y la salud no pueden ser tratadas como consignas de campaña ni como herramientas para alimentar disputas comunicacionales. Son materias de Estado. Y cuando se improvisa sobre ellas, el daño no queda en el debate político: llega directamente a las personas.
La reciente discusión sobre el denominado “plan de seguridad” del Gobierno vuelve a dejar en evidencia una tensión inquietante: mientras desde el oficialismo se anuncia que existiría una hoja de ruta que será presentada en la cuenta pública del 1 de junio, también se reconoce públicamente que hubo sorpresa ante la exigencia de contar con un plan formal, estructurado y por escrito. En una materia tan delicada como la seguridad, aquello no es un detalle administrativo. Es una señal política preocupante. La seguridad requiere conducción, planificación, metas, responsables y evaluación; no solo declaraciones fuertes ni frases efectistas.
Pero esta semana hubo dos hechos especialmente graves desde la mirada sanitaria. El primero dice relación con la propuesta impulsada desde Interior para que organismos como hospitales, consultorios, Fonasa, Isapres, colegios y jardines infantiles entreguen antecedentes de personas migrantes en situación irregular al Servicio Nacional de Migraciones, con el objetivo de facilitar procesos de expulsión. Según lo informado, entre los datos requeridos podrían encontrarse domicilio, teléfono, correo electrónico y otros antecedentes personales.
Desde salud pública, esto no puede ser mirado con liviandad. La información que una persona entrega en el contexto de una atención sanitaria no es cualquier información. Está vinculada a su historia clínica, a su condición de salud, a sus tratamientos, a sus riesgos, a su intimidad y, muchas veces, a momentos de profunda vulnerabilidad. La propia ministra de Salud, May Chomali, tomó distancia de la propuesta y señaló que desde Salud no se puede informar sobre esos temas, porque se trata de información entregada en el contexto de una atención sanitaria, resguardada por el Código Sanitario y por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. En la misma línea, sostuvo que no se puede negar atención a una persona migrante, porque ello puede poner en riesgo no solo su vida, sino también la salud del resto de la población.
Y aquí hay un punto esencial: los centros de salud no pueden convertirse en extensiones de una política persecutoria. La relación sanitaria se sostiene en la confianza. Si una persona teme que al consultar por una enfermedad, llevar a su hijo a vacunarse, iniciar un tratamiento o solicitar atención de urgencia sus datos serán utilizados con fines migratorios, lo más probable es que deje de consultar. Y cuando las personas dejan de consultar, los problemas de salud no desaparecen: se agravan, se ocultan y se transforman en riesgos colectivos.
Durante la pandemia ya vivimos una expresión concreta de este dilema. Hubo momentos en que algunas personas exigían saber quiénes eran contactos estrechos, quiénes estaban contagiados o quiénes se habían realizado un PCR. Frente a eso, la respuesta sanitaria debía ser clara: la información clínica no se expone, no se publica y no se transforma en mecanismo de control social. Hacerlo sería tan grave como publicar listados de personas que viven con VIH, con diagnósticos de salud mental o con cualquier otra condición protegida por la confidencialidad. La salud pública necesita información para cuidar, no para estigmatizar.
Por eso preocupa que, frente a una legítima discusión sobre migración, se termine debilitando uno de los pilares más importantes del sistema sanitario: la confianza de la población en sus equipos de salud. Chile puede y debe tener una política migratoria seria, ordenada y responsable. Pero esa política no puede descansar en erosionar derechos sanitarios, tensionar a los equipos clínicos ni instalar miedo en quienes necesitan atención. La vigilancia migratoria le corresponde a las instituciones mandatadas para ello, no al box de atención, no al vacunatorio, no al SOME, no al consultorio.
El segundo hecho preocupante ha sido la discusión sobre los recortes en salud. En medio de críticas de gremios y autoridades locales, el ministro de Hacienda defendió los ajustes señalando que “a veces con menos recursos se hace más”. La frase puede sonar atractiva en una presentación de eficiencia, pero en salud pública resulta profundamente riesgosa si se utiliza para justificar reducciones presupuestarias sin mirar el impacto real en las personas. Según lo informado, el ajuste al Ministerio de Salud sería de 2,5%, con efectos en hospitales públicos y con una reducción promedio de 1,1% en recursos operacionales hospitalarios.
Por supuesto que el sistema público debe mejorar su eficiencia. Nadie podría oponerse seriamente a una mejor gestión de pabellones, camas, listas de espera, compras, productividad clínica o uso de infraestructura. Pero una cosa es gestionar mejor y otra muy distinta es instalar la idea de que siempre se puede hacer lo mismo (o más) con menos recursos. En salud, los presupuestos no son cifras abstractas: son horas profesionales, medicamentos, exámenes, traslados, insumos, cirugías, controles, tratamientos y continuidad de cuidados.
Quienes trabajamos o conocemos la realidad de la atención primaria y la red pública sabemos que las brechas no se resuelven con frases. Se resuelven con planificación, financiamiento, gestión, equipos suficientes y decisiones responsables. Cuando se recorta sin explicar claramente cómo se protegerán las prestaciones, quién asumirá la carga y qué indicadores se resguardarán, lo que se instala no es eficiencia: es incertidumbre.
Y esa incertidumbre tiene consecuencias. La ciudadanía comienza a desconfiar. Los equipos de salud se tensionan. Los usuarios postergan atenciones. Los hospitales y centros de salud quedan atrapados entre una demanda creciente y recursos cada vez más ajustados. Luego, cuando aparecen listas de espera, atrasos, falta de horas o dificultades de acceso, se culpa a los mismos equipos que durante años han sostenido el sistema con compromiso, vocación y, muchas veces, con recursos insuficientes.
Lo más preocupante es que ambos temas (la entrega de datos de personas migrantes y los recortes en salud) parecen responder a una misma lógica: instalar titulares fuertes antes que construir soluciones serias. Se comunica dureza, se promete orden, se habla de eficiencia, pero en la práctica se termina generando temor, confusión y desinformación. Y cuando la desinformación proviene desde espacios de poder, el daño es mucho más profundo, porque el Estado debiese ser precisamente la fuente de información responsable, clara y confiable.
La salud en Chile, con todas sus dificultades, ha tenido históricamente un principio que debemos defender: atender a las personas por su necesidad sanitaria, no por su nacionalidad, su condición migratoria, su ingreso económico o su utilidad política. Ese principio no es ingenuidad. Es salud pública básica. Vacunar a un niño migrante no es un favor ideológico; es proteger a ese niño y también a la comunidad. Atender una urgencia no es premiar una situación administrativa irregular; es cumplir un deber sanitario, ético y legal. Resguardar la ficha clínica no es encubrir a nadie; es proteger un derecho fundamental.
Por eso el llamado debe ser claro. No podemos normalizar que el debate público se construya sobre alarmas permanentes, contradicciones ministeriales y frases que tensionan derechos básicos. No podemos permitir que los centros de salud sean empujados a perder la confianza de sus comunidades. No podemos aceptar que la eficiencia se use como excusa para debilitar prestaciones. Y no podemos claudicar en la defensa de una salud pública para todas y todos.
Chile necesita seguridad, sí. Necesita una política migratoria seria, también. Necesita responsabilidad fiscal, por supuesto. Pero ninguna de esas tareas se logra debilitando la confianza sanitaria, confundiendo a la población o tratando la salud como una variable secundaria dentro de una estrategia comunicacional. Gobernar no es vociferar. Gobernar es hacerse cargo. Y hacerse cargo, en salud pública, significa cuidar la vida, proteger la dignidad y defender la confianza que sostiene todo el sistema.
